UNA SOCIEDAD INJUSTA PARA ALGUNOS, ES INJUSTA PARA TODOS
Favorecer la inclusión con personas con discapacidad, en especial en el ámbito laboral, es el objetivo en aumento de múltiples empresas a través de sus departamentos de Responsabilidad Social Empresarial. A estas actividades también suelen unirse ONGs, instituciones estatales y privadas.
Y el artículo primero de la “Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”, de la Organización Internacional del Trabajo, establece que: “La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”.
Y un spot publicitario del Programa Nacional de Discapacidad (PRONADIS), que depende del Ministerio de Desarrollo Social explica que: “Una sociedad injusta para algunos, es injusta para todos”, una afirmación que pretende hacernos reflexionar y pensar en cuántas personas no son incluidas por diferentes motivos, lo que provoca marginación y no inclusión. Pero tanto, en nuestro país, como en diferentes partes del mundo, se ha comenzado a tomar consciencia de esta problemática.
El trabajo decente, de calidad, es el modo más efectivo de romper el círculo vicioso de la marginación, la pobreza y la exclusión social. Es frecuente que las personas con discapacidad se vean atrapadas en este círculo, y es necesaria la acción positiva para ayudarlos a salir de esa situación. Las barreras que enfrentan estas personas al obtener un empleo o al asumir su papel en la sociedad pueden y deben ser superadas.
Según la Organización Internacional del Trabajo, las personas con discapacidad, representan el 15 por ciento de la población mundial. Ellos constituyen la mayor minoría del mundo.
En el mercado laboral, constituyen aproximadamente 900 millones de personas en edad de trabajar. Sin embargo, la mayoría no trabaja. Mientras algunos están empleados exitosamente e integrados plenamente en la sociedad, la mayoría enfrenta la pobreza y el desempleo.
Las mujeres discapacitadas con frecuencia experimentan una doble discriminación, debido a su sexo y a su discapacidad. Esto hace que tengan menores probabilidades de acceso a la educación, a la formación profesional, a los programas de rehabilitación y empleo, en comparación con las mujeres sin discapacidad y los hombres con discapacidad.
Según los datos que se reveló el último censo realizado en 2011, en Uruguay hay aproximadamente 23 mil personas con discapacidad severa. Son 129 mil los uruguayos con discapacidad moderada y 365 mil los que tienen dificultades leves. Se trata de una población vulnerable con escasa posibilidad de acceder al mercado laboral.
A propósito de la inclusión de personas con discapacidad, y de Responsabilidad Social Empresarial, hoy tenemos un ejemplo para dar a conocer y a presentar a través del exitoso proyecto de “Vigilancia Inclusiva” que ha implementado la empresa Securitas Uruguay, que permite la inserción socio-laboral de personas con discapacidad motriz.
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